Apuntes obsoletos, tutores ‘fantasma’ y títulos sin reconocimiento: el dudoso (y lucrativo) negocio de algunos centros de formación a distancia

Decenas de empresas españolas anuncian cursos de miles de euros por internet que en la práctica apenas se ajustan a lo que prometen los comerciales por teléfono, según denuncian cientos de usuarios. «Las compañías se aprovechan del desconocimiento general de la Ley de Defensa de los Consumidores para retener a los alumnos bajo compromiso contractual», asegura un asesor de los afectados.

 

La operación es sistemática y se repite a diario. Estás desempleado y en busca de nuevos horizontes, trabajas pero te apetece ampliar tu formación o simplemente quieres aspirar a cierto puesto y necesitas un título especial que te capacite para ello. Por razones de tiempo, coste o cualificación descartas matricularte en un posgrado, por lo que un curso parece la alternativa más lógica y sencilla para avalar tus conocimientos. Buscas en internet y, por suerte, encuentras decenas de resultados que se ajustan a lo que quieres, todos ellos a distancia. Tras una criba, contactas con algunos de los centros que los imparten y te quedas con el que más te convence. La persona que te atiende te garantiza un magnífico campus virtual, un tutor disponible para cualquier duda, exámenes, proyectos finales, un convenio de prácticas y hasta un título acreditado por una universidad española, además de trabajo asegurado al acabarlo. Ilusionado con tu hallazgo, firmas el contrato y pagas la inscripción y el primer plazo, pero entonces… entonces algo empieza a olerte mal.

Al comenzar a estudiar, te das cuenta de que el material proporcionado está anticuado y mal redactado, cuenta con diversas incorrecciones y erratas y a duras penas se corresponde con lo que el curso ofrecía. Además, el tutor tarda días en responder tus consultas y muchas veces se limita a remitirte al temario. En cuanto al campus virtual, su contenido se resume en poco más que unos cuantos vídeos de apoyo sacados de internet. Como la formación no se ajusta en nada a lo prometido, decides darte de baja y buscar otra cosa. Pero llamas al centro y su única respuesta es que el contrato ya está firmado, por lo que la rescisión es inviable y, por tanto, debes seguir abonando las cuotas mensuales de un curso cuyo precio puede superar los 2.000 euros. En ese momento, el mundo se te cae encima.

Miles de personas, según las fuentes consultadas para este reportaje, resultan víctimas de este tipo de prácticas todos los años en España. Jóvenes, en su gran mayoría, pero también gente de más edad que contrata una formación online seducida por las «falsas promesas» (siempre según ellos) de un comercial y que, al comenzarla, descubren que han sido vilmente engañados. Pero, para cuando se dan cuenta de la trampa, ya es tarde y se ven atrapados por las condiciones legales que aceptaron al formalizar la compra. A partir de ahí, comienza para ellos un largo y tortuoso camino en el que se abren tres rumbos posibles: renunciar al pago de la formación y bloquear los cobros bancarios del centro, pagar e iniciar trámites legales contra la empresa para recuperar el dinero o resignarse y completar el curso a pesar de todo.

De las tres opciones, Alberto Mondragón, administrador del foro DenuncioEstafa.com, señala la de denunciar pero seguir pagando como la más sensata y prudente en un sentido jurídico. La razón, aduce, es que de lo contrario se incurre en un incumplimiento contractual por parte del contratante, lo que puede acarrear acciones judiciales de la empresa para asegurarse el cobro. Por otro lado, advierte de que, aunque la decisión de finalizar el curso es legítima, su validez y reconocimiento en el mercado laboral es prácticamente nula, ya que se trata de formación no reglada por el Ministerio de Educación. Mondragón, que lleva años proporcionando consejo y apoyo legal a afectados por supuestas estafas, cifra en cerca de tres millones las personas que, de una u otra forma, han sido «engañadas» por estas empresas en España desde que a principios de los 2000 empezaran a operar las primeras por Internet.

Un simple vistazo a dicho foro basta para dar cuenta de las bolsas de perjudicados por las malas prácticas de estas empresas. Centros y academias como CEAC o Deusto Formación (ambas pertenecientes al Grupo Planeta), Campus Training, Formación Universitaria o CCC, entre otras, protagonizan hilos con decenas de comentarios de usuarios que relatan sus experiencias, en su gran mayoría similares, y piden asesoramiento para recuperar su dinero. También en páginas como Facebook y Change.org existen grupos de afectados que llevan años compartiendo sus testimonios.

Uno de ellos es el de Antonio, que prefiere no desvelar su apellido y que en 2016 contrató un curso preparatorio para unas pruebas libres de FP con una de estas empresas. «Soy profesor de autoescuela y me propuse sacar el título de Técnico Superior en Automoción, de manera que busqué cursos por internet y encontré este», cuenta en conversación telefónica. «Llamé y me lo pintaron perfecto, así que acepté. Los apuntes que me enviaron eran literalmente archivadores de fotocopias, de un nivel mucho más bajo del requerido para las pruebas y con vídeos del programa ‘Redes’ y un audiolibro de los propios apuntes como material de apoyo en el campus virtual. Las dudas que tenía me las atendían al cabo de varias semanas y con respuestas de lo más simple para temas complejos y técnicos. Finalmente, a los dos meses, acabé desistiendo y como dejé de pagar me metieron en una lista de morosos de la que conseguí salir más tarde».

El curso costaba 2.100 euros, de los cuales llegó a pagar algo más de 400 en concepto de matrícula y dos cuotas. Además de eso, también se integró en dos demandas conjuntas que no prosperaron, lo que le supuso un gasto adicional de alrededor de 300 euros en abogados. Por otro lado, este afectado ha pagado los honorarios de un letrado que le representará en caso de que la empresa emprenda acciones contra él por impago.

Derecho de desistimiento

En este sentido, Mondragón, quien junto a otros moderadores se encarga de ofrecer ayuda a los usuarios de DenuncioEstafa, establece una clara distinción entre dos tipos de casos: los que todavía se encuentran dentro del plazo legal de 14 días para ejercer el desistimiento y los que no.

«En el primer supuesto es suficiente con enviar un burofax a la dirección indicada en el contrato dando por resuelta cualquier vinculación con arreglo al derecho de desistimiento. Pero es fundamental enviarlo. Ellos suelen hacer que corra el tiempo dándote largas, pidiendo que les remitas un formulario por e-mail para causar la baja o asegurándote directamente que ya la han tramitado, pero en realidad no es así», explica. «Los comerciales son, en muchos casos, las personas que te atienden y ellos se llevan una importante comisión por cada curso vendido. Si finalmente el cliente renuncia a seguir con la formación se quedan sin ella, así que urden todo tipo de artimañas para que transcurran los 14 días y el desistimiento ya no sea posible. Te pueden decir, por ejemplo, que les envíes un correo solicitando la anulación, que esa es la forma que tienen de hacerlo, pero saben que, en un juicio, un correo no tiene validez jurídica y se aprovechan del desconocimiento de la ley por parte de los clientes. La única manera efectiva y legal de causar baja es hacerlo vía burofax, y siempre con contenido certificado y acuse de recibo», detalla.

En caso de que hayan pasado ya más de dos semanas, Mondragón recuerda que el impago puede acarrear consecuencias nefastas para el alumno por incumplimiento contractual, por lo que recomienda seguir abonando las cuotas a pesar de todo mientras en paralelo se prepara una demanda contra la empresa. Para ello, señala, es necesario armar la acusación con pruebas que ilustren la publicidad engañosa del centro o encontrando defectos en la contratación. «Lo mejor es hacer grupos de doce personas como máximo y pedir la anulación del contrato por la vía civil. Hay empresas que no quieren una sentencia que sirva de precedente y reembolsan el dinero antes de llegar a juicio. Si no es así, los tribunales suelen obligarlas a devolver el importe cobrado más intereses», expone, aunque todo depende de la idiosincrasia de cada caso.

Pero las falsas promesas de las empresas no acaban ahí. «Si se supone que el curso incluye prácticas, a la hora de la verdad te dicen que no hay plazas, o bien te ofrecen unas muy lejos de tu residencia o que en poco se ajustan a lo que has estudiado. También prometen una bolsa de empleo que realmente existe, pero que en la práctica está vacía porque ¿qué empresa va a querer alumnos de un centro de formación no reglada?», detalla Mondragón, más partidario del término «editoriales» para referirse a este tipo de negocios.

Y así con todo, insiste. «El título supuestamente avalado por una universidad no tiene más que el logo, porque lo que hacen es pagar un canon para utilizarlo. El material muchas veces consiste en un amasijo de fotocopias obsoletas sacadas de internet, el tutor es el mismo para decenas de personas de varias ramas distintas y, en el caso de los cursos preparatorios para pruebas libres, es imposible aprobar el examen con los apuntes que facilitan». En cuanto a las opiniones positivas en internet, Mondragón, administrativo de profesión, recela de que haya alumnos verdaderamente satisfechos con la formación recibida teniendo en cuenta que carecen de homologación oficial, por lo que cree que muchas de esas opiniones emanan, en realidad, de las propias empresas. La gran mayoría de dichas compañías aparecen en el buscador del poderoso grupo eMagister y cuentan con un importante volumen de publirreportajes en diferentes medios de comunicación. Por todo ello, aconseja desconfiar siempre de los operadores y corroborar en todo caso la oficialidad de la formación antes de contratarla. “Estas empresas se aprovechan de la necesidad de estas personas, muchas de ellas procedentes de Sudamérica y en busca de una formación que les permita trabajar en España, y les importa muy poco que alguien se esté matando para pagar 2.000 euros por un curso que no le va a servir para nada”, denuncia.

De los cinco centros contactados para este reportaje, solo uno ha atendido la petición y se ha limitado a definir como «totalmente respetables» las abundantes acusaciones de estafa sin entrar a valorar en detalle el rosario de prácticas que se le atribuyen. Todas ellas, además, cuentan con un número variable de expedientes abiertos por Facua y la OCU, según datos proporcionados por ambas entidades.

Vacíos legales

El problema es de tal extensión que la pregunta resulta inevitable. ¿En qué falla la ley para que estas empresas puedan operar de la manera que lo hacen? Para el abogado Victor Martínez, que hasta ahora ha llevado dos casos y atendido más de 200 consultas, el principal escollo radica en los 14 días de desistimiento establecidos para los contratos de compraventa, un plazo que en su opinión debería ampliarse a varios meses para este tipo de cursos. La razón, arguye, estriba en que dos semanas no es tiempo suficiente para que una persona pueda decidir si una formación a distancia es o no de su conveniencia o se ajusta a lo que esperaba de ella. Otra solución, apunta, pasaría por una regulación específica para este mercado dado su exponencial crecimiento en los últimos años, pero cree que la Administración no es aún consciente de la magnitud del fenómeno. Con el fin de subsanarlo, Martínez, que trabaja en estos momentos con otro grupo de afectados, ha propuesto elaborar un informe sobre la situación actual y remitirlo al Ministerio de Consumo para su conocimiento. “Tengo la sensación de que se trata de una problemática que, a no ser que seas afectado, no se conoce, y eso a pesar de que su demanda no para de crecer”, resalta. Preguntado sobre este asunto, el Ministerio asegura no tener constancia de «datos, denuncias o expedientes» al respecto.

Autor: Miguel Ruiz de Arcaute

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/04/06/apuntes-obsoletos-tutores-fantasma-y-titulos-sin-reconocimiento-el-dudoso-y-lucrativo-negocio-de-algunos-centros-de-formacion-a-distancia/